domingo, 30 de agosto de 2009

La Mafia Canaria utiliza a la Agencia Recaudatoria Valora, como Agencia de Extorsiones, para saquear propiedades a los ciudadanos de forma truculenta.



Con fecha 26 de este mes de agosto hemos tenido que poner en conocimiento del Sr. Alcalde D. Lucas Bravo de Laguna, una nueva noticia criminal de persecución contra mi familia, en forma de coacciones, al no permitirnos la Agencia Recaudatoria Valora que abonáramos el Impuesto de Bienes Inmuebles del año 2008, a pesar de que habían certificado que no se podía pagar en el año de 2.008 en base a alegaciones de “MIGRACIÓN”, -véase pinchando arriba el documento escaneado de Valora-.

Argumentan los funcionarios de la Agencia Valora en el Ayuntamiento Satauteño, que no podemos pagarlo porque no se lo permite el software de su base de datos, mientras que, el del ejercicio de 2009 si se nos ha permitido abonarlo de forma arbitraria, por tal contradicción, lo hemos puesto además en conocimiento del Puesto de la Guardia Civil de San Mateo, para que se averigüe qué se esconde tras esta nueva coacción contra los derechos humanos, para que la acumule al procedimiento penal instado por el que suscribe en las Diligencias Previas 4814/2005 del Juzgado de Instrucción nº 1 de Las Palmas, donde se investiga desde el año 2005, la apropiación indebida de 3.000 metros cuadrados de una finca urbana donde se ubican 96 viviendas objeto del IBI de marras sin haberse incoado procedimiento alguno de expropiación, con el añadido que se ha falsificado el catastro urbano, incluso falsedades en procedimientos administrativos contra nuestra familia acerca de impuestos indebidos que se encuentran sub-judice por el Juzgado anteriormente citado.

Por todo ello, nos encontramos desolados ante tanta persecución impune, puesto que, hemos denunciado ante las Instancias Internacionales que la Mafia Canaria ha secuestrado a nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a nuestro Poder Judicial, para que el Estado Paralelo continúe usurpando a nuestras Instituciones de Derecho democráticas, y hasta la fecha no hemos recibido respuesta a la invocada Resolución 35/2005 de Naciones Unidas, por persecuciones del artículo 607 bis del Código Penal y del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de La Haya, a pesar de tener conocimiento, pero sin contestar aún:

La Fiscalía del Tribunal Penal Internacional de La Haya,
El Parlamento Europeo.
El Congreso de los Diputados.
La Fiscalía General del Estado
El Consejo General del Poder Judicial.
El Juzgado de Instrucción nº 1 de Las Palmas, contra células de la Mafia Canaria en el Ayuntamiento de Santa Brígida.
El Juzgado de Instrucción nº 3, contra células de la Mafia Canaria en el Ayuntamiento de Telde.

¿Hasta cuando Sr. Alcalde se va a permitir tanta impunidad por violaciones contra los derechos humanos por crímenes de lesa humanidad?

lunes, 17 de agosto de 2009

El Jefe del Gabinete de la Delegada del Gobierno en Canarias, de forma lamentable, ofende a las víctimas de la Mafia Canaria con sus respuestas.






D. Antonio Ortega Sarmiento, en su calidad de Jefe de Gabinete de la Delegada del Gobierno en Canarias, ofende a las víctimas de La Mafia Canaria, con contestaciones burlescas contrarias al Estado de Derecho democrático.


Pedimos Justicia que pueden ver pinchando en los documentos arriba escaneados, conforme al amparo debido de la Resolución 35/2005 de Naciones Unidas, por persecuciones del artículo 607 bis del Código Penal y del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de La Haya, ya que, los Colegios de Abogados y de Procuradores los controla dicha organización criminal para perseguir a la sociedad civil, como son sus máximos exponentes denunciados y nos responde que consultemos con abogados que están secuestrados bajo la jurisdicción de dichos Colegios de Profesionales que controla dicha organización.


Por lo que, afirmamos una vez más que seguimos bajo el Estado de Terror que nos inflige la Mafia Canaria como Estado Paralelo de facto, que nos somete a sus tiranías caciquiles, sin que, ni las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ni el Poder Judicial puedan darnos el amparo debido, tanto en la Ley Orgánica de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, como en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

domingo, 9 de agosto de 2009

Salvador Trujillo Perdomo miembro de la Mafia Canaria es premiado por la Universidad de Las Palmas












Ninguna explicación pueden dar nuestras Instituciones secuestradas por la Mafia Canaria, acerca de la pérdida de dignidades, por la utilización fraudulenta de la Justicia y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por parte de la organización criminal de marras que persigue a los ciudadanos honestos que no se quieren someter al saqueo institucionalizado, y que pueden ver en los documentos arriba escaneados, por nuevos hechos denunciados ante la Comisaría de Policía de Telde, como castigo por haber denunciado otros hechos criminales cometidos en el Juzgado de lo Penal nº 4 de Las Palmas anunciados en la Comisaría de Policía de Distrito Sur de Las Palmas, aparte de los denunciados en:

  1. Y esta nueva denuncia se corresponde a la intoxicación que hace la Mafia Canaria, ahora en otro intento, desde el Juzgado de Instrucción nº 4 de Telde

Por lo que, resulta un clamor que dichos delitos no los puede cometer ninguna organización que no haya secuestrado primeramente a las Instituciones que nos dimos a fin de 1978, con la Constitución del Estado de Derecho democrático.

domingo, 2 de agosto de 2009

No intente acudir de malhumor a un Juzgado o a una Comisaría de Policía a denunciar, le pueden tildar de déspota por hablar en tono grave de queja.



Les comento unos nuevos hechos ocurridos el pasado 31 de julio, dentro de la persecución que padecemos tristemente por haber denunciado a una importante organización criminal como es La Mafia Canaria.

Les pongo en antecedentes que mi concuño José Luis Betancor, es víctima junto con el resto de mi familia de las tropelías de dicha organización criminal, como consignatario de barcos de pesca, porque denunciamos delitos de contrabando, estafa, apropiación indebida, tráfico de influencia, falsedad documental en documento notarial, utilización fraudulenta de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Administración de Justicia para cometer actos delictivos, dentro del depósito público aduanero FRISU, en el año de 1996, sin obtener la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución Española, o el artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todavía a estas alturas del mes de agosto de 2009. Después de haber transcurrido trece años y cinco meses, aún nos siguen burocratizando el secuestro de nuestros derechos humanos, como son nuestros medios de vida, de forma sibilina como esclavismo subrepticio del siglo XXI en Canarias.

El hecho criminal anteriormente narrado por parte de la Mafia Canaria, le ha destrozado también a él, todo su proyecto de vida, y bajo ese trauma sicológico, de forma fortuita, tuvo un leve accidente de tráfico en el año de 2005 en el que no existieron daños personales con avenencia, pero, por arte del birlibirloque, según manifestaciones en sede judicial, después de aparcar el coche, se presentan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la cafetería donde él estaba tomando una bebida para hacerle la prueba de alcolemia, aunque los agentes del orden dijeron después, que solo tomaba agua.

Con total celeridad se celebra un juicio sumarísimo, asistido por abogado y procurador del turno de oficio, que sorprendetemente no fueron los que le defendieron físicamente, entrando en liza el Ministerio Fiscal representado casualmente y al parecer por el Sr. García Panasco, a la sazón, fiscal adscrito también al Juzgado que ejerce la acusación pública contra nuestros victimarios La Mafia Canaria, y con un descarado agravio comparativo y con otra vara de medir, de forma sorprendente el fiscal responsable del caso D.P. 1714/96 del Juzgado de Instrucción nº 4 de Las Palmas contra el decano honorífico del Colegio de Abogados Salvador Trujillo Perdomo y una ristra de personajes del mundo juridico.

El Juzgado de lo Penal nº 4 de Las Palmas, le comunica una ejecución de sentencia injusta en su entender y llenas de irregularidades manifiestas, sin comunicarle previamente la sentencia para que pudiera recurrir. Recurre la ejecución de sentencia, pero no le contesta el Juzgado, y hace pocos días le embargan el sueldo que gana para poder malvivir, como portero del edificio RocaMarina donde vive uno de los querellados ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, el querellado Gregorio Morales Martín, por hechos acumulativos que recoge entre otros el de Instrucción nº 4 de Las Palmas.

A la vista de dicho silencio truculento nos presentamos en sede judicial del Juzgado de lo Penal nº 4 de Las Palmas el pasado 31 de julio y nos atiende una persona que no se idenfica porque dice que no es funcionario, de forma alucinante, y a mayor abundamiento, nos dice que no elevemos el tono de voz en la protesta, dándonos evasivas para que no nos atendiera los responsables de gruesa felonía, por lo que acudimos a la Comisaría de Policía más próxima a los Juzgados de Granadera Canaria para denunciar dichos hechos criminales que atenta gravemente contra las libertades públicas del Estado de Derecho democrático, como se puede apreciar pinchando en el documento escaneado arriba.